De los 11’443.496 niños y adolescentes de entre 5 a 17 años que tenía Colombia en 2009, 1’768.154 trabajaban. Una cifra profundamente preocupante, si bien es bastante inferior a la que históricamente ha tenido nuestro país. Paulatinamente, el acceso a los servicios sociales y en especial a la educación ha explicado su disminución, sin embargo, para los objetivos que tenemos como nación aún estamos lejos de lograr nuestra meta: que ningún niño de Colombia trabaje.
Trabajo infantil en Colombia Las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de política
MELVA DÍAZ BETTER
Directora General de Protección Laboral
Ministerio de la Protección Social
Una problemática profunda y persistente ha acompañado la historia de Colombia: el trabajo de niños y adolescentes. En ningún momento de nuestra historia hemos tenido espacios de paz donde ellos no participen en las actividades de los adultos: han estado en la colonización española en los grandes cultivos y trabajos pesados que el sistema imponía; han estado en las haciendas y en las industrias nacientes del siglo pasado; y los vemos hoy en las calles, en los campos, en muchos talleres de la informalidad.
Un síntoma de su profundidad es la interiorización que hemos hecho de una práctica que no es admisible. En muchas ocasiones vemos el trabajo de los más pequeños en edad, como natural en su proceso de crecimiento, o formador de valores como la responsabilidad. O los vemos en sus trabajos y somos pasivos en nuestras acciones, o creemos, cuando trabajamos en la protección de la infancia, que en lo que yo actúo no está presente el trabajo infantil.
Ignorar el trabajo infantil no sólo afecta la vida de los niños, pues como bien se ha documentado, el trabajo los destruye dos veces: una vez en cuando niños, otra vez en cuando adultos.
Ignorarlo también es permitir que nuestra sociedad no vaya más lejos, no progrese y sea igualitaria. El trabajo infantil perpetúa la pobreza, hace que la informalidad permanezca. Generalmente los niños abandonan la escuela, pero cuando permanecen en ella su rendimiento no es el mejor; acompañan a sus padres en sus trabajos y terminan adquiriendo competencias que los van a condenar a ellos y a nuestro país a un círculo de trabajos improductivos, de baja remuneración, donde el sueño de una educación para el desarrollo se deshace.
Lo más grave no es esto, lo más grave es que el trabajo infantil les impide a nuestros niños ser quienes son: niños… El trabajo infantil no les permite vivir su infancia.
Los últimos datos de trabajo infantil son del cuarto trimestre de 2009, pertenecientes al módulo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. De los 11´443.496 niños y adolescentes de entre 5 a 17 años que tenía Colombia, 1´768.154 trabajaban. Una cifra preocupante, profundamente preocupante, si bien bastante inferior a la que históricamente ha tenido nuestro país. Paulatinamente, el acceso a los servicios sociales y en especial a la educación ha explicado su disminución, sin embargo, para los objetivos que tenemos como nación aún estamos lejos de lograr nuestra meta: que ningún niño de Colombia trabaje.
El trabajo infantil es sumamente heterogéneo: 718.007 de nuestros niños estaban en oficios en sus hogares por más de 15 horas a la semana, en su mayoría niñas. 991.204 eran jóvenes mayores de 14 años y el 66% de todos los trabajadores compartían trabajo y estudio. Además de la alta presencia de jóvenes y de mujeres en los oficios del hogar, también es visible que en nuestro país el trabajo infantil se presenta con más fuerza en la agricultura y que en su mayoría son trabajadores familiares, sin remuneración alguna.
Mención aparte tiene el trabajo infantil y la pobreza extrema. Cálculos para el año 2005 indican que el 17% de quienes trabajan están en la pobreza extrema, es decir, 83% no lo están. Cifra que en principio es un contrasentido a la percepción cotidiana sobre el trabajo infantil, pues generalmente se cree que estas dos problemáticas están íntimamente asociadas.
Estudios del Ministerio de la Protección Social indican que el trabajo infantil está presente en hogares donde hay un manifiesto desequilibrio entre los poderes de los padres de los niños, ya sea por educación o por ingresos. Posiblemente la percepción sobre trabajo infantil deba ser transformada, y dar un espacio central, a la par de políticas de generación de ingresos y empleo a las familias, al trascendental tema de los patrones culturales.
¿Cuál es nuestra política para enfrentar esta preocupante situación?
Primero debemos señalar que el Ministerio de la Protección Social es el líder de la política para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia. Para su propósito, convoca al conjunto de instituciones de gobierno con relación en la problemática: al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Ministerio de Educación Nacional (MEN) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP). También a entidades privadas, a las organizaciones de trabajadores y empleadores, y a la cooperación internacional.
En la actualidad se encuentra vigente la Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador, 2008-2015, la cual el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014: Prosperidad para Todos, Ley 1450 de 2011, fortalece en cada uno de sus pasos y establece la corresponsabilidad de su aplicación en cada uno de los municipios y departamentos del país.
¿Es posible prevenir y erradicar el trabajo infantil? Sí es posible, y así lo ha entendido el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Existe un conjunto de pasos atados estratégicamente para lograr el objetivo:
Identificación: no sólo basta con los registros procedentes de las denuncias o la detección en las atenciones por otras problemáticas: a los niños debemos buscarlos, más aún cuando parte esencial del problema es la existencia de un trabajo infantil que podemos denominar invisible. El PND establece la necesidad de diseñar e implementar una estrategia de búsqueda activa de niños trabajadores. Esta ya ha empezado, tenemos registrados a 225.000 niños y adolescentes trabajando o en riesgo de estarlo, con su situación, identificación y domicilio. Se está adelantando un proceso de restitución de derechos que implica la concreción de los pasos de la política.
Registro: el Ministerio de la Protección Social administra y promueve en las regiones del país el Sistema Nacional de Registro de Niños y Adolescentes Identificados y Atendidos en Peores Formas de Trabajo Infantil (SINTI), el cual fue construido con el apoyo de la OIT. El SINTI registra a los niños identificados como trabajadores y a los integrantes de sus familias, además de los servicios sociales a los que acceden. El sistema permite seguir a cada niño a través del tiempo, de tal forma en cada momento las autoridades locales y nacionales sepan el conjunto de servicios en los que se encuentran: educación, salud y jornadas escolares complementarias, entre otros.
El SINTI, que en el momento tiene registrados a 225.000 niños y adolescentes trabajando o en riesgo de estarlo, está a disposición de autoridades nacionales y locales, y a toda entidad pública o privada que se enfoque en la atención de niños trabajadores (
http://websvr.sispro.gov.co/sinti/login.aspx).
El PND ha solicitado al gobierno la ampliación del SINTI, integrando las grandes bases de información a su alcance con el SINTI: SISBEN, RED UNIDOS para la superación de la pobreza extrema, salud y educación, entre otros. El Banco Interamericano de Desarrollo ha aportado los recursos de inversión iniciales para este propósito.
Gestión urgente para la restitución de derechos: a los niños identificados y posteriormente registrados se les debe restituir con rapidez sus derechos. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar en sus funciones esenciales ya contempla esta restitución, sin embargo, el PND da un énfasis particular. Este señala que se implemente por parte del ICBF “metodologías de atención especial, con énfasis en las víctimas de explotación sexual comercial, trabajo en minas y canteras, reclutamiento forzoso e indígena”. Abre la obligatoriedad de diseñar programas especiales para esta última población, y de enfocarse en las denominadas peores formas de trabajo infantil, de acuerdo con el Convenio 182 de la OIT, suscrito por Colombia.
De igual manera, el sector educativo se adapta al propósito de la prevención y erradicación del trabajo infantil como lo dice el PND. Este y la Estrategia de política señalan la necesidad de promover que quienes trabajen se escolaricen -en los pasos de restitución de los derechos-, y una vez en el sector educativo se gradúen preferiblemente completando la educación media. De la misma manera, el PND le dice al MEN que debe diseñar e implementar metodologías flexibles con aseguramiento de la calidad para la atención de las y los niños. Hoy día se sabe que los problemas de aprendizaje y la extraedad pueden provocar la deserción y por tanto el riesgo de trabajo infantil.
Jornadas Escolares Complementarias (JEC): cuando un niño trabajador es identificado; registrado para hacer un cuidadoso seguimiento; y posteriormente restituidos sus derechos esenciales; la política busca ocuparle el mayor tiempo posible y sanar las heridas que haya dejado la dedicación a actividades que no son propias de su edad. Surge la necesidad entonces de promover la focalización de los programas de Jornadas Escolares Complementarias que tiene el país para cumplir este propósito.
Entre el conjunto de programas que tiene el país en JEC, el PND plantea que el desarrollado por las Cajas de Compensación Familiar (CCF) a través del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ), creado por la Ley 789 de 2002, debe atender de manera prioritaria a los niños trabajadores.
El espíritu del PND es respetuoso con la autonomía de las CCF, pues no le otorga cargas adicionales sino le plantea que en las atenciones que realiza priorice a los niños trabajadores. Entre los pasos que se deben dar para alcanzar este objetivo, están la identificación en la población actual de cuál es trabajadora o cuál lo hizo previo al ingreso a las JEC de las CCF, así mismo iniciar un registro cuidadoso en el SINTI.
Condicionalidad y formación para el trabajo: el ciclo de la estrategia de política se cierra con los pasos anteriormente mencionados y con un seguimiento de ellos. Entre otros instrumentos adicionales que otorga el PND al país, se encuentra la firma de acuerdos de corresponsabilidad entre familias y Estado, para la no vinculación laboral de los niños.
Con este compromiso de las familias, el Estado lo hace con los servicios sociales expuestos, y el acceso a programas de formación para el trabajo de manera prioritaria en el SENA, una vez se haya terminado el ciclo medio de educación y se verifique el no trabajo infantil. Más allá de su operación, el PND quiere trasmitir la necesidad de que las familias se comprometan con la educación y el no trabajo de sus hijos, teniendo presente que los patrones culturales antes mencionados pueden incidir en la problemática. Finalmente, el programa de Familias en Acción se condiciona al no trabajo infantil.
Red Unidos y Procuraduría: la estrategia contra el trabajo infantil en Colombia se complementa con acciones que de tiempo atrás se viene desarrollando. Este Ministerio coordina la estrategia para la superación de la pobreza extrema y el desplazamiento de la Red Unidos, en su dimensión de trabajo infantil. Articula los esfuerzos institucionales para la atención de la niñez trabajadora y sus familias. Es necesario mencionar que la estrategia busca brindar una atención integral a las familias y la generación de condiciones para superar su condición.
Finalmente, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y el apoyo de la OIT, se puso en marcha desde el año 2005 el Sistema de Seguimiento a la Gestión de alcaldes y gobernadores para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Busca determinar el cumplimiento de las acciones que deben realizar para la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Los resultados del seguimiento efectuado anualmente se encuentran en la página
www.pgnseguimientopfti.org.
Entendemos que existe un reto grande y profundo, y un camino extenso por atravesar en el propósito de la prevención y erradicación del trabajo infantil. El Gobierno nacional viene haciéndolo con los instrumentos de la Estrategia de Política y con el gran fortalecimiento que le da el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la confianza que finalizando el cuatrienio, buena parte de nuestros niños hayan sido retirados del mercado de trabajo. Si esto ocurre, estaremos registrando un hecho histórico y trasformando una de las profundas problemáticas de Colombia.
Las verdaderas políticas son generacionales y la presentada en este artículo así lo es. Esperamos registrar con prontitud que hemos empezado a alcanzar nuestros objetivos y que las Cajas de Compensación Familiar han participado en la gestión de un cambio profundo que nuestro país necesita.
